La Justicia aprueba la polémica licitación de la Hidrovía
La decisión de un juez en un caso polémico sobre la licitación de la Hidrovía ha generado un gran revuelo. El magistrado, con un fallo que se extiende a 15 páginas, desestimó las medidas cautelares solicitadas por la diputada Marcela Pagano y por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Ambos pedían frenar la licitación, rodeada de dudas y cuestionamientos.
En su resolución, el juez Rafecas argumentó que las denuncias se basan, en gran parte, en una “presunción de un futuro hecho ilícito”. Para él, lo incipiente de la investigación no permite aceptar la medida solicitada, alineándose con la opinión del fiscal Guillermo Marijuan. Además, destacó que no se demuestra la “verosimilitud del derecho invocado” ni tampoco se puede evidenciar una “manifiesta ilegalidad o arbitrariedad” en la acción administrativa. Un punto clave que mencionó fue la falta de “peligro concreto en la demora”, un requisito esencial para cualquier medida cautelar.
Rafecas subrayó que cuando se busca suspender una decisión de la administración pública, hay que proceder con “el máximo grado de prudencia”. Esto es importante para evitar que se sobrepase el límite de los poderes y funciones administrativas.
Las denuncias contra la licitación de la Hidrovía
El caso comenzó gracias a una denuncia de Pagano que datan del 11 de mayo. La diputada afirmaba que la licitación de la Hidrovía había sido “direccionada para favorecer a un grupo determinado de beneficiarios”. En su presentación, mencionó la existencia de supuestos lazos entre funcionarios nacionales y empresarios involucrados.
Entre otros señalamientos, Pagano sostenía que los pliegos estaban “hechos a medida” para dejar afuera a empresas chinas y que habría “socios ocultos” detrás de la firma belga Jan de Nul. Además, se mencionó la posible inclusión de “documentación falsificada atribuida a la ONU”.
La denuncia menciona delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y asociación ilícita. A esta acusación, se sumó otra de Míguez, quien aseguró que la maniobra podría causar un perjuicio de 7.000 millones de dólares a lo largo de la concesión. Además, apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios del área portuaria.
El dictamen de Marijuan
El fiscal federal Guillermo Marijuan ya había dictaminado en contra de suspender la licitación. En su presentación, explicó que “no se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del actuar administrativo”. Además, destacó que tal afirmación no podía basarse en conjeturas y que el peligro en la demora debía surgir de hechos comprobados.
Rafecas se alineó con esta perspectiva. En uno de los puntos más destacados de su resolución, recordó que las medidas cautelares contra el Estado tienen un carácter “restrictivo” y que, debido a la “presunción de legitimidad” de los actos administrativos, solo pueden adoptarse en casos de “manifiesta ilegalidad o arbitrariedad”.
Finalmente, el juez decidió “no hacer lugar” a las cautelares solicitadas y ordenó que se remita nuevamente el expediente a la Fiscalía Federal para que la investigación continúe.